Geolectos y otras realidades lingüísticas

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Lugar: Madrid, Spain

2 de octubre de 2011

Sobre la modernización del lenguaje jurídico (II)

En efecto, no me equivoqué en la entrada anterior cuando avisé de que el informe de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico no iba a ser muy bien recibido por los profesionales del derecho. Once años en contacto directo y diario con documentos jurídicos de todo tipo supongo que tienen la culpa de que esa intuición fuera acertada. De las reacciones a ese informe voy a destacar solo dos, la del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Francisco Gutiérrez López, y la del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Villar Ezcurra. El primero, en un artículo publicado en El Mundo (edición de Andalucía, 29 de septiembre de 2011), bajo el significativo título de "Lenguaje cañí para Justicia en ruinas", dice lo siguiente:

¿Cómo debemos interpretar estas explicaciones? Hay que reconocer que el lenguaje utilizado en la administración no alcanza la excelencia de la literatura del Siglo de Oro. Pero una cosa es exigir a los profesionales de la Justicia (qué horror eso de «operadores») que usemos un lenguaje correcto y comprensible –conclusión que se alcanza sin necesidad de informe alguno– y otra muy diferente responsabilizarnos de ocultarnos tras términos «crípticos y oscuros» que dañan a los justiciables. Banalizar la realidad hasta el punto de desconocer que toda profesión usa un lenguaje técnico que es difícil obviar sin que pierda su sentido y función es propio de demagogos, porque precisamente esos tecnicismos particulares suponen la simplificación eficiente de unos conocimientos que sólo se aprenden con años de estudio y no pueden transmitirse fácilmente a los legos. De ignorarlo se corre el peligro de caer en el ridículo y hacer una caricatura de un fin plausible, máxime si, como ocurre en la Justicia, el usuario es variopinto y en muchas ocasiones, por desgracia, de escasísimo nivel cultural, que no creo tenga entre sus hábitos leer jurisprudencia.

El segundo, en un artículo publicado en ¿Hay derecho?, entre otras interesantes reflexiones, afirma:

En fin, que podría seguir escribiendo sobre el lenguaje jurídico hasta hartarme, pero entiendo que hay que poner un punto final prudencial al asunto, de modo que, si bien puedo estar de acuerdo en que se mejore la sintaxis de las resoluciones judiciales, encuentro que es una majadería y un verdadero peligro prescindir de expresiones propias del Derecho, aunque puedan resultar arcaicas o difícilmente comprensibles para quien no es profesional del Derecho.

Debo confesar que hay algunos aspectos que me han sorprendido del informe de la Comisión, y quien sepa leer entre líneas se dará cuenta de que esa sorpresa ya se hacía patente, en cierto modo, en estas palabras de la entrada anterior:

Más de uno puede pensar que en el informe se propone, como solución al problema de la complejidad terminológica del lenguaje jurídico, que los profesionales del derecho deben traducir al lenguaje común la terminología propia de su profesión. No es verdad, eso sería una locura y el informe no dice exactamente eso, aunque sí es cierto que las recomendaciones que se ofrecen en ese apartado del texto principal deberían ser más claras.

"El informe no dice exactamente eso", pero casi. Me temo que en la cuestión de la terminología jurídica la Comisión ha confundido empobrecer con modernizar.