Geolectos y otras realidades lingüísticas

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Lugar: Madrid, Spain

22 de septiembre de 2011

Sobre la modernización del lenguaje jurídico

Ayer se publicó el contenido del informe que ha preparado la Comisión creada por el Ministerio de Justicia para la modernización del lenguaje jurídico. No cabe duda de que los casi quinientos folios del documento —o de los documentos, porque en realidad son varios— constituyen el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre el lenguaje que se emplea en el ámbito del derecho. Los integrantes de la Comisión han desmenuzado a conciencia los problemas que presenta este tipo de lenguaje y acompañan el texto con numerosos ejemplos reales. El informe es serio y riguroso, está bien planteado y puede resultar un excelente punto de partida para comenzar a trabajar.

En el apartado de recomendaciones se agradece la inclusión de un apunte sobre la conveniencia de reforzar la formación lingüística del profesional del derecho. Siempre me ha parecido curioso que en los planes de estudio de la carrera no haya, en la mayoría de las facultades españolas, ni una sola asignatura dedicada al lenguaje jurídico, al estilo de los textos legales o, peor todavía, a cuestiones argumentativas, tan necesarias en el desempeño de las profesiones jurídicas. También es de agradecer lo que se dice sobre el acercamiento del lenguaje jurídico a los ciudadanos. Un sistema educativo que olvida la enseñanza de algo tan básico como el lenguaje en que se expresan los derechos y los deberes es un sistema cojo. Todos los ciudadanos en algún momento de su vida se van a tener que enfrentar, quieran o no, al lenguaje jurídico, porque rara es la persona que no tiene que firmar una hipoteca, que realizar una compraventa o que contratar algún servicio para su vivienda.

Hechas estas apreciaciones, hay un aspecto del informe que, si no me equivoco, va a resultar polémico y va a ocasionar que algunos abogados se acerquen a él con ciertas reticencias: el problema de la terminología.

Más de uno puede pensar que en el informe se propone, como solución al problema de la complejidad terminológica del lenguaje jurídico, que los profesionales del derecho deben traducir al lenguaje común la terminología propia de su profesión. No es verdad, eso sería una locura y el informe no dice exactamente eso, aunque sí es cierto que las recomendaciones que se ofrecen en ese apartado del texto principal deberían ser más claras.

Lo que no se puede negar es que el informe que ha presentado la Comisión supone un adelanto considerable para lograr que la complejidad del lenguaje jurídico, que es más sintáctica que terminológica, se pueda resolver algún día.

Los documentos se encuentran en la página web del Ministerio de Justicia.